Cobro Ágil

Fuente: Colegio de Registradores

Fuente: Cinco Días

El R.D.Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se refunden en un texto único la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la Ley del Mercado de valores en la parte referida a las sociedades anónimas cotizadas, y el Código de Comercio en lo relativo a la sociedad comanditara por acciones.

El Real Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2010, excepto el artículo 515 que no será de aplicación hasta el 1 de julio de 2011

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tiene por finalidad corregir desequilibrios y aprovechar las condiciones de nuestras empresas para favorecer la competitividad y lograr un crecimiento equilibrado de la economía española, que permita crear empleo de forma estable, en línea con una concepción estratégica de la economía sostenible. En esta línea se suprime la posibilidad de «pacto entre las partes», que permitía alargar significativamente los plazos de pago.

Por lo que se refiere a los plazos de pago del sector público, se reduce a un máximo de 30 días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor, se propone un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos y se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro e facturas en las Administraciones locales.

Respecto a los plazos de pago entre empresas, se establece un plazo máximo de pago de 60 días por parte de empresas para los pagos a proveedores que no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, para evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago. Y se establece un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013.

Por otra parte, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.

Los plazos de pago establecidas se adecuan con lo preceptuado en la Directiva Europea, aplicándose el régimen general previsto en el apartado 1 de su artículo 3 a los pagos efectuados por las administraciones públicas, así como a los de productos de alimentación frescos y perecederos, mientras que se establece en 60 días el plazo de pago de las operaciones comerciales entre empresas conforme al apartado 2 del mismo artículo, con objeto de recortar las elevadas demoras en los cobros en sectores básicos.

Por medio de esta Ley y con el fin de adaptar la legislación interna española a la Directiva 2006/43/CE en lo que no se ajusta a ella, se introducen determinadas modificaciones en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Al mismo tiempo, se aprovecha la reforma para modificar ciertos aspectos de la regulación contenida en dicha Ley que deben adaptarse a los cambios acaecidos en la legislación mercantil, y para incorporar las mejoras de carácter técnico aconsejadas por la experiencia y la práctica desarrollada desde su entrada en vigor. La reforma que se aborda sigue teniendo presente la consideración de servicio público que presta la actividad de auditoría de cuentas, dada su relevancia pública, por los efectos que despliega frente a la entidad auditada y los terceros que se relacionan o pueden relacionarse con ésta.

El Pleno del Senado ha aprobado la modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso aprobó un primer texto que fue remitido al Senado. El texto ahora aprobado debe volver aún al Congreso para su ratificación final.

El texto salido del Senado mantiene plazos máximos para el pago entre empresas [60 días] y para la Administración [30 días]. Además, no modifica el periodo de adaptación aplicable a las empresas, que deberán pagar las facturas a sus proveedores a 85 días desde la entrada en vigor de la Ley, a 75 días en 2012 y a 60 días a partir de 2013.

El principal cambio, recogido en una de las once enmiendas aprobadas, se refiere al periodo de adaptación para la Administración, que queda modificado en el caso de los contratos de obra pública. Por otro lado, las empresas constructoras adjudicatarias de esas obras podrán aplicar el mismo plazo de pago con sus empresas subcontratadas:

Fuente: Europa Press

Según los datos adelantados de Eurostat, en mayo, la inflación de la zona euro se sitúa en el 1,6% interanual, una décima más que el valor registrado el mes anterior, [1,5% en abril]

Fuente: Eurostat

El euribor, principal referencia hipotecaria en Europa cerró el mes de mayo al 1,26%. Por su parte, la Reserva Federal y el BCE mantienen los tipos de interés en Europa y Estados Unidos.

Fuente: Banco Central Europeo

En mayo, el paro registrado se ha situado en 4.066.202 millones de personas, un 12,3% más que el mismo mes de 2009, lo que supone un 1,8% menos que el mes anterior, [abril, 13,7%].

Fuente: INEM

Según publican diversos medios, la Escuela de Negocios Esade calcula que la morosidad bancaria real ligada a promotoras y constructoras se sitúa cerca del 13% [dato del Banco de España, 9,6%], lo que eleva la mora total del sistema financiero al 9% [dato del Banco de España, 5,4%]. Esade explica la diferencia se está relacionada con algunas prácticas de las instituciones financieras, como las daciones en pago [cancelación de deuda a cambio de pisos o solares] o la conversión de deuda en capital de grandes inmobiliarias.

De los 445.000 millones que bancos y cajas tienen prestados al sector constructor, sólo 4.000 millones están correctamente provisionados. la realidad nos lleva a que el crédito problemático es de 165.000 millones, explicaron fuentes de la escuela.

Fuente: Crédito y Caución